Moto Compartida Metropolitana de la AMB: referente mundial en colaboración para la movilidad urbana

La Moto Compartida Metropolitana es el servicio de moto eléctrica compartida que sé puso en marcha en octubre de 2024 impulsado por la Área Metropolitana de Barcelona (AMB) mediante un modelo de regulación metropolitana y operación privada. El sistema permite que la ciudadanía se desplace por varios municipios con una alternativa flexible, 100% eléctrica e integrada en el ecosistema de movilidad urbana.

Qué es y cómo funciona
El servicio se basa en un modelo sencillo: el AMB define el marco y las reglas del juego (licencias, condiciones de uso y estacionamiento, seguimiento) —a través de la coordinación entre administraciones y la delegación de competencias municipales—, y las empresas operadoras se encargan de la gestión del servicio (flota, aplicaciones, mantenimiento y atención al usuario).
Para encontrar una moto, el usuario puede consultar la oferta disponible a través de herramientas de información y movilidad metropolitana (AMBMobilitat; SMOU) o desde la aplicación del operador correspondiente (Cooltra, Acciona, Yego). Posteriormente, se puede completar la reserva y el uso desde la aplicación elegida. El estacionamiento está regulado y adaptado a cada municipio, para garantizar un uso ordenado del espacio público.
El despliegue inicial incluyó ocho municipios metropolitanos: Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern y Sant Feliu de Llobregat, con una puesta en marcha progresiva y una cobertura mínima obligatoria.
 
Por qué es una buena iniciativa de colaboración público-privada
La Moto Compartida Metropolitana es un ejemplo claro de colaboración público-privada porque combina aspectos positivos en ambos ámbitos:

• Gobernanza pública y coordinación metropolitana. La movilidad compartida necesita reglas claras, especialmente cuando implica estacionamiento en la vía pública y un uso intensivo del territorio. Con la regulación metropolitana, se facilita una experiencia coherente para el usuario y, al mismo tiempo, se protege el espacio público y se garantiza la equidad territorial.
• Innovación y capacidad operativa del sector privado. Las empresas aportan la experiencia tecnológica y operativa: gestión de flotas, aplicaciones, mantenimiento, logística y evolución del servicio según la demanda real.
• Un marco relacional estable para competir con calidad. El sistema de licencias y requisitos (seguridad, sostenibilidad, seguros y criterios de servicio) favorece la profesionalización y evita dinámicas desordenadas. También incorpora una tasa anual por vehículo que contribuye a sostener el modelo de gestión y seguimiento.

• 5.950 licencias otorgadas en la primera fase y 3 empresas operadoras autorizadas para prestar el servicio (Cooltra, Acciona y Yego).
• En agosto de 2025, el sistema registraba más de 9.000 viajes diarios.
• En el mismo periodo, había más de 4.700 motos eléctricas en servicio, aproximadamente un 80% del despliegue previsto.

Estas cifras indican dos cosas: por un lado, que existe demanda real de una moto compartida metropolitana; por otro, que el modelo regulado permite crecer de manera progresiva y controlada, sin renunciar a la ambición.
 
Un modelo con impacto y potencial replicable
En una metrópolis donde los desplazamientos no entienden de límites administrativos, la Moto Compartida Metropolitana aporta una alternativa que refuerza la multimodalidad y la intermodalidad, reduce la dependencia del vehículo privado y acelera la transición hacia una movilidad más limpia y eficiente.
Es, en definitiva, un caso de éxito porque logra alinear objetivos públicos (ordenación, sostenibilidad, cohesión territorial y calidad urbana) con la capacidad de ejecución del sector privado, y lo hace con resultados medibles que ya evidencian la adopción ciudadana del servicio.