Distingue a administraciones que utilizan la contratación pública o la colaboración público-privada como herramienta estratégica para impulsar la innovación y dinamizar el tejido industrial, que hayan realizado un uso ejemplar de la compra pública innovadora, el diálogo competitivo, la asociación para la innovación u otras fórmulas similares, con seguridad jurídica y resultados de impacto y dinamización de la industria y el tejido económico, impulsando la innovación, la inversión y el empleo.

Reconoce el mejor pliego por su capacidad de orientar la licitación hacia el valor y no solo hacia el coste. Se valora la definición clara de criterios técnicos, de innovación, calidad e impacto (social, ambiental o tecnológico), y la existencia de herramientas de medición y seguimiento que aseguren coherencia entre lo que se exige y lo que finalmente se obtiene.
Distingue iniciativas que facilitan de manera efectiva el acceso de pymes y startups a la contratación pública. Se valoran los diseños contractuales que eviten concentraciones, el establecimiento de requisitos de solvencia proporcionales al objeto del contrato, la reducción de barreras administrativas o técnicas, y medidas que garanticen una participación real de empresas pequeñas e innovadoras, fomentando la competencia y la diversificación de proveedores.

Reconoce colaboraciones entre el sector público y privado que, sin ser necesariamente una licitación formal (o actuando antes de esta), contribuyen a obtener mejores resultados en impacto, calidad, eficiencia y sostenibilidad. Se reconocen iniciativas que impulsan la innovación, la inversión y la creación de empleo, promoviendo espacios de cocreación, pilotos, diálogo con el mercado o asociaciones que preparan y mejoran futuras contrataciones y su impacto.